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¿Habrá responsabilidades legales sobre las muertes en Residencias?

- El total de ancianos fallecidos en residencias asciende a más de 19.500 desde el 8 de marzo.


- El número de muertos en geriátricos sigue sin cuadrar con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.


- El Sistema Judicial español solo recoge la Denegación de auxilio y la Prevaricación

administrativa para estos supuestos.


- Delimitar las responsabilidades sobre una persona física en cadenas de mando es prácticamente imposible según abogados especializados.



En los últimos días no paramos de ver cruces la acusaciones en el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid u otros organismos parlamentarios. Incluso se ha presentado una querella contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que en marzo asumiera la gestión de las residencias madrileñas. El debate también apunta al vicepresidente 2º y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, o a los propios centros concertados y privados.


El total de ancianos fallecidos en residencias asciende a más de 19.500 desde el 8 de marzo. El número de muertos en geriátricos sigue sin cuadrar con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Las cifras del Gobierno indican que en la última semana han fallecido 25 personas en todo el país por coronavirus. No obstante, en residencias de toda España, han fallecido 73 ancianos, donde 38 eran positivos en Covid-19.


En la Comunidad de Madrid han fallecido más de 8.100 entre el 8 de mazo y mediados del mes de junio.

1.252 fallecieron con prueba de la enfermedad, mientras que 4.729 mostraban síntomas relacionados con Covid-19. En suma, 5.981fallecidos, alrededor del 73% de todos los ancianos.


Han sido 26 familiares de estos usuarios de residencias de mayores de la misma comunidad autónoma, los que denuncian una presunta negativa por parte del Gobierno a que los ancianos fueran ingresados en hospitales durante la crisis del coronavirus. La querella atribuye presuntamente los delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio.


Antonio Maroto, Socio Director de Ópera Abogados señala que, si un médico, un arquitecto o un abogado no hace bien su trabajo puede enfrentarse a consecuencias penales muy graves: “Con los políticos no pasa lo mismo”. La Ley no contempla penas para las autoridades o funcionarios públicos más que las contenidas en el Derecho Penal español, como parte especial, en los referidos Delitos contra la Administración Publica (MOD. L. O. 1/2015 de 30 de marzo).


El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero promovía una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias en Madrid. «La derivación debe basarse en criterios médicos, pero no por el grado de dependencia. No es ético y, posiblemente, no sea legal. Si no era posible derivar, habría que haber medicalizado las residencias», afirmaba el consejero.


Mientras, el PP afirmaba que los protocolos era un «borrador que se corrigió» y que «si preguntamos a los geriatras, nos dirán que el único problema fue que las ambulancias no llegaban en ciertas ocasiones», afirmaba Dolores Navarro, diputada popular.


Sobre este extremo, se pronunciaba La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) asegurando que «el único culpable» de lo ocurrido en las residencias es la propia enfermedad que ha afectado a los ancianos más vulnerables.


Para Maroto, hay varios argumentos fundamentales en el comunicado de la SEGG. El primero rechaza las críticas porque “no están respaldadas por datos ni comparativas internacionales”. Esta actitud «beligerante» hacia el colectivo que representan se debe a que «todos intentan buscar un culpable» señala el comunicado. Además, la SEGG dice: la gran mayoría de residencias posiblemente no ha reforzado sus equipos médicos y de enfermería desde hace años porque «no les obligaba la normativa».


En la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la gestión de la residencias, se acusó al gobierno de cometer acciones presuntamente ilegales, por emitir una orden para no dar asistencia hospitalaria a ancianos. Estos cruces de acusaciones, rara vez tienen un origen ontológico basado en fundamentos legales, sino más bien emanan de una naturaleza política”, dice Antonio Maroto.


Esta presunta orden provenía de la Consejería de la Comunidad de Madrid. “Es muy difícil depurar responsabilidades sobre una persona física en cadenas de mando de tantísimas personales”, prosigue Maroto, experto penalista. “Puede existir un debate ético o político sobre el contenido de la orden, pero es muy arriesgado hacer declaraciones sobre qué delitos se han podido cometer porque denotan un desconocimiento total en la materia”.

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